José María Sainz-Maza del Olmo

La movilidad sostenible ha cobrado especial relevancia en los últimos años a la hora de planificar el desarrollo urbano de gran parte de las ciudades del mundo, debido en gran parte al impacto negativo en el medio ambiente del tráfico rodado -destacando el uso de vehículos de combustión particulares- , así como a los efectos en la salud y el bienestar de los ciudadanos a medio y largo plazo que este acarrea. En este contexto, algunas ciudades europeas como Copenhague, Amsterdam y Zurich se han erigido como ejemplos a seguir, cosechando diversos galardones y menciones en medios internacionales por sus esfuerzos en la reducción del uso del coche en sus calles y la promoción de modelos alternativos basados en la electrificación de su parque móvil o el uso de bicicletas.

Si bien alcanzar un modelo de movilidad plenamente sostenible no es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas, sí que resulta un paso necesario para alcanzar algunos de ellos, ya sea el número 11 (“Ciudades y comunidades sostenibles”), el 13 (“Acción por el clima”) o el 7 (“Energía asequible y no contaminante”). Se trata de un elemento transversal con un profundo impacto en la preservación del medio ambiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de la incidencia de patologías asociadas a niveles elevados de contaminación atmosférica, y la mejora de la habitabilidad de las ciudades.

Poniendo la mirada en Cantabria, el camino pasa necesariamente por la involucración de todos los actores económicos, políticos y sociales de la región, generando planes de actuación transversales que cubran necesidades concretas de la población y permitan que nuestra Comunidad Autónoma se posicione como un referente en sostenibilidad a nivel nacional. La introducción de modelos de carsharing, el impulso del coche eléctrico a través de incentivos para empresas y particulares, la inversión en proyectos relacionados con tecnologías limpias, el fortalecimiento y expansión de la red de Cercanías, la conexión ferroviaria con las CCAA vecinas o la promoción de la bicicleta -tradicional o eléctrica- como medio de transporte local son tan solo algunos ejemplos. Estas actuaciones deben buscar para su ejecución la colaboración de los distintos niveles de la Administración, así como el apoyo de las instituciones públicas y privadas relevantes de la región.

En los últimos años hemos visto crecer en toda España este tipo de iniciativas, pudiendo citarse aquí la creación de zonas de bajas emisiones en los centros urbanos de Madrid o Barcelona, la construcción de carriles bici en muchos puntos del país o el surgimiento en los tres últimos años de modelos de transporte alternativos como el de las empresas de patinetes eléctricos compartidos. En el caso de Cantabria, destaca la creciente peatonalización del casco histórico de Santander y -en menor medida- Torrelavega, la introducción de modelos híbridos en la flota municipal de autobuses de la capital y la progresiva expansión de ciclovías y carriles bici alrededor de su bahía. Estos cambios, aunque positivos, no resultan suficientes en el momento actual.

La Estrategia de Acción frente al Cambio Climático en Cantabria 2018-2030, aprobada mediante el Decreto 32/2018, contiene un Plan Estratégico con planes de actuación para impulsar la movilidad eléctrica y puede ser un buen punto de partida. Ideas como la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos (hasta ahora muy escasos), la elaboración de campañas de concienciación para la ciudadanía o el lanzamiento de planes de incentivación de la adquisición de automóviles híbridos y eléctricos aparecen recogidos en el citado Plan Estratégico. No obstante, queda mucho trabajo por hacer. A día de hoy, las deficiencias de la red de ferrocarril de la región y la ausencia de parques de vehículos compartidos dificultan la transición hacia un modelo de movilidad sostenible realmente útil para la ciudadanía y plenamente adaptado a sus necesidades.

Si Cantabria quiere poder ofrecer un futuro a sus habitantes y preservar la riqueza de su patrimonio natural, ahora es el momento de unir esfuerzos.